Si bien el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
(CAEM), Martín Dedeu, mantiene en reserva el discurso, varias fuentes
del sector coincidieron en que esos dos temas “vienen conversándose
mucho en las reuniones de la entidad”. Pero también convinieron en que
se evitará confrontar abiertamente con el Gobierno aunque “sigan las
demoras en la remisión de utilidades” a las casas matrices, indicaron a
BAE Negocios.
Es ese otro punto que preocupa a las empresas que conforman el
quinto complejo exportador del país, emplea a unos 100.000 trabajadores
en forma directa y durante el año pasado realizó exportaciones por unos
u$s5.300 millones. A principio de año, la administración central comenzó
a autorizar –como anticipó este diario a mediados de enero– el giro de
dividendos, que se aprueba o frena directamente en el Banco Central y
mediante un llamado telefónico a la entidad bancaria que solicita la
autorización para hacer la transferencia.
La caída de los precios internacionales de los metales y la necesidad de
que la Argentina ofrezca un escenario “competitivo” para las
inversiones serán dos de las líneas centrales que recorrerán hoy el
almuerzo por el Día de la
Minería. El encuentro, que reunirá a todos los operadores mineros del país (entre ellos los de la
minería en Jujuy),
estará atravesado por el 200º aniversario de la creación de la primera
ley de fomento minero, que impulsó el secretario de Hacienda del
Triunvirato, Vicente López y Planes.
Esa decisión descomprimió un poco las quejas de los gerentes de las
mineras, que durante el año pasado tuvieron frenados unos u$s900
millones que no pudieron remitir a sus casas matrices. Pero aunque esas
autorizaciones fueron puntuales y “a cuentagotas”, como definieron los
empresarios, permitieron congelar los planteos privados sobre
congelamiento de decisiones de inversión.
Ese mecanismo, de frenar o liberar la salida de dólares del sector
minero fue posible por el decreto 1.722 de fines de octubre de 2011, que
eliminó el beneficio que sólo tenían las mineras y empresas petroleras
de liquidar la totalidad de sus exportaciones en el exterior. Eso las
obligó a pasar su dinero físico por el país y a tener que conseguir una
autorización para luego remitirlo a sus casas centrales.