Entregar un equipo para producción a quienes lo necesitan para
trabajar es un ejemplo de responsabilidad social empresaria. Capacitar a
su personal para que pueda operarlo en forma independiente torna esa
acción en un proyecto sustentable, y formalizar una contratación de
servicios para asegurar mejores ingresos y el desarrollo independiente
de la nueva unidad de negocios, lo torna sostenible en el tiempo.
Más allá de que no se conozcan los lineamientos que contendrá el
proyecto a presentar, no se trata en principio de una iniciativa
desacertada. Si bien compañías como Cerro Vanguardia, Minera Triton,
Minera Santa Cruz o Patagonia Gold –por mencionar algunas– han venido
aportando importantes montos tanto a mantenimiento de infraestructura
social como a proyectos de desarrollo local, es bueno que el compromiso
sustentable esté plasmado en los papeles, y que se establezcan
condiciones mínimas que no dejen librados esos aportes a la decisión
unilateral empresaria, para que no haya empresas que miren para otro
lado y manejen un sistema de enclave –como ocurrió con Mina Martha– y
que los montos aportados tengan un justo reparto entre Provincia y
comunas afectadas, como así también un destino que no sea el de tapar
agujeros fiscales, sino financiar la sostenibilidad en el tiempo del
impacto minero en las localidades.
En San Julián, Cerro Vanguardia apoyó un proceso que ejemplifica la
evolución del compromiso empresario dentro del contexto de la
minería en Santa Cruz.
Hace pocos días, durante los festejos de un nuevo
aniversario de Puerto San Julián, el gobernador Daniel Peralta anunció
que en esta semana que se inicia enviará a la Legislatura santacruceña
un proyecto para regular, definir o fijar los aportes por
responsabilidad social empresaria que deberían realizar las compañías de
minería en Santa Cruz, aporte que de hecho ya muchas empresas realizan.
Aunque aún no se conoce ningún dato específico sobre la iniciativa
parlamentaria, muchos esperan que se tome como ejemplo el sistema que ha
impuesto San Juan en su jurisdicción, consistente en comprometer –ya
desde la declaración de impacto ambiental que debe presentar cada
proyecto para obtener los permisos de explotación– el porcentaje de
ingresos que destinarán las compañías tanto a un fondo de desarrollo de
infraestructura, como a la financiación de proyectos productivos
sustentables en las comunidades de influencia.
La minera entregó con carácter gratuito a la Casa de la Mujer de esa
localidad –una institución creada para mujeres desocupadas–, un equipo
de bordado de última generación, para personalizar prendas y uniformes.
Luego, apoyó económicamente la capacitación de sus operadoras y
finalmente está adquiriendo allí la ropa de trabajo terminada para su
personal.
