La suspensión no es un tema menor para la economía doméstica en general y la de la
minería en Mendoza en
particular. El proyecto incluía una inversión por un total de u$s 5.900
millones, que incluso se ampliarían en un monto significativo de
acuerdo a la información brindada por la propia empresa, lo que lo
posicionaría entre los más importantes en los últimos años. Además, de
acuerdo a las proyecciones, generaría a partir de 2014 un aumento en las
exportaciones por un total de u$s 1.000 millones, monto que aumentaría
con el correr de los años. En el orden provincial, la construcción de la
obra generaba un total de 5.500 empleos directos (y alrededor de otros
11.000 indirectos), lo que representaba por sí solo un 2% del empleo de
Mendoza. Y las ventas al exterior de todo el distrito se hubieran visto
incrementadas, una vez puesta en marcha,la mina, en un notable 45%.
La medida tomada por la empresa tiene varios componentes. Por un
lado, se encuentra dentro de un replanteo general de la empresa en su
estrategia de inversiones a nivel global, de la mano de cambios en
algunas variables que han impactado en su rentabilidad general. Pero, en
este marco el proyecto en Argentina reunía varias condiciones para
estar entre los primeros a rever dentro de este replanteo. Son varios
los factores locales que hacían de Potasio Río Colorado una apuesta de
riesgo. La decisión de Vale, un jugador de relevancia global en el
sector minero, tuvo un fuerte impacto, aunque no haya sido del todo
sorpresiva, ya que desde hace un tiempo se barajaba esta posibilidad en
ámbitos políticos y empresariales nacionales y provinciales.
Cuestiones como la imposibilidad de remitir utilidades,vigente
desde el año pasado y sin solución a la vista por el momento; costos en
dólares crecientes (salariales, de insumos, y de operaciones dado el
esquema cambiario) y una presión tributaria en ascenso que comprende a
todas las jurisdicciones, pero en particular a las provincias y
municipios, están dentro de los principales factores que ponían en jaque
la rentabilidad del proyecto en el corto y largo plazo. A lo que se
suma una inestabilidad en las reglas de juego generales que empuja en
contra de cualquier inversión en nuestro país.
Y por supuesto, la medida tampoco es menor para el sector minero
argentino. La puesta en marcha de la producción hubiera posicionado a
Argentina como el 4º productor mundial, implicaría un 5% del empleo
directo e indirecto total de la minería nacional, y hubiera significado
un impacto de 30% de las exportaciones actuales y del 14% del PBI del
sector.
